El siglo XX ha conllevado importantes cambios y alteraciones sociales, especialmente en España. La Iglesia y los católicos españoles se han visto empujados, muchas veces por el impulso de estas circunstancias al centro del debate político, confundiéndose su presencia con la de otras fuerzas.---- oo0oo ----
Contra el absolutismo La acción social Anticlericalismo: la Semana Trágica La II República Las iglesias nacionalistas y ETA Entre la Liberación y el Carisma Los peligros del hoy
Recordemos que en el siglo XVIII se desarrolla, paralela a la Ilustración,
una Ilustración cristiana, tomista no obstante, influida por el reformismo
estatal, al que se hallaba unido por el tradicional regalismo
español - el control del Estado nacional sobre
la Iglesia que recibía a su vez apoyo de él -, y que sirvió
de eficaz contrapeso al inmovilismo de Roma.
Esto generó un liberalismo católico
que continuará con el regalismo y se opondrá al insurrecto carlismo
tradicionalista. La actitud política absolutista en el siglo XIX no se
corresponde automáticamente con la Iglesia.
El final del siglo XVIII arroja un balance de enfrentamiento entre los ilustrados
que desean el fin total del antiguo Régimen, y sus defensores conservadores.
Pero no están solos, a unos y otros se les han
unido facciones políticas: republicanos, liberales, socialistas,
monárquicos autoritarios, carlistas...
Entre un liberalismo que sólo prometía
teorías y mutilaba los derechos prácticos del pueblo propios del
Antiguo Régimen, y un conservadurismo que se fragmentaba y debilitaba
en su transición a la modernidad.
Es la sociedad de masas, naciendo al paso de las contradictorias características
de la modernidad y la industrialización.
Tras la expulsión de las tropas napoleónicas y el regreso del
rey Fernando VII, quedó claro que no pensaba aceptar el liberalismo que
se desprendía de la Constitución de Cádiz de 1812.
La
represión absolutista de 1814 fue reconducida
por el Ministerio de Seguridad pública, el subsecretario Calomarde, la
Junta Secreta de Estado, las Comisiones Militares Ejecutivas y los diversos
“virreyes” locales militares realistas.
Se trataba de la contrapartida de la violencia ejercida por el invasor napoleónico,
del que un pequeño sector de los ilustrados habían sido colaboracionistas,
y cuya ideología liberal los absolutistas identificaban con los excesos
de los franceses y de los revolucionarios en ese país.
Las “purificaciones” de funcionarios,
los “Voluntarios realistas” (centrados
en elementos ideológico-folclóricos como el aspecto físico
o la vestimenta) y las “partidas de la porra”,
completaban el mecanismo de represión, siempre al servicio de la causa
absolutista de Fernando VII. Al morir este el 29 de septiembre de 1833 se abre
una agitada etapa marcada por las rebeliones carlistas, la fragmentación
liberal y la inestabilidad institucional. La Iglesia será objeto de las
medidas de los liberales aliados con la Regencia de María Cristina (
desamortización ). El 4 de julio de 1835 se suprime la Compañía
de Jesús, y el 25 también unos 900 conventos al tener menos de
12 profesores. El 11 de octubre son disueltas todas las órdenes religiosas
no-hospitalarias.
No era la primera desamortización ni tampoco era una idea original de
los progresistas, los liberales más radicales.
Las medidas mercantilistas de los ilustrados del
siglo XVIII, basadas en el fomento del desarrollo de la industria y el comercio,
habían fracasado precisamente por la falta de consumidores, al ser también
contribuyentes integrados en la actividad agrícola. Si los campesinos
no podían ahorrar para consumir, la tierra no podía proporcionar
las rentas que dinamizarían al resto de los sectores económicos.
Se
necesitaban más propietarios que fueran a su vez empresarios. Sabemos
que este efecto de las desamortizaciones no ocurrió. El Estado saneó
en parte el déficit de Hacienda, pero los campesinos sólo se beneficiaron
de las ventas de tierras en pequeña parte. Ilustrados como Campomanes,
Olavide o Jovellanos ya la propusieron, de forma templada, en 1768 y 1795, afectando
a las tierras baldías de las órdenes disueltas.
Si de desamortización eclesiástica (de las tierras de la Iglesia)
hablamos, la primera fue la del gobierno invasor napoleónico, el 17 de
junio de 1812, por la que el Estado incorporaba los bienes de las órdenes
religiosas disueltas.
Durante el Trienio Liberal habría otra, la del 25 de noviembre de 1820,
referente a monasterios y conventos disueltos por las Cortes. En el sexenio
revolucionario (1835-43) habrían dos, la del 11 de noviembre de 1835,
afecta a la disolución de las órdenes religiosas, y la del 29
de agosto de 1837, de los Bienes Nacionales, refundidas el 2 de septiembre de
1841, en que se vendían los bienes del clero secular. Quedaban extinguidos
conventos, colegios y congregaciones.
En
la década moderada que le siguió hubo una ley restringiendo las
ventas de Bienes Nacionales, que influiría en el Concordato firmado el
16 de marzo de 1851, por el que se reconocía la capacidad de adquirir
bienes a las instituciones eclesiásticas a cambio de reconocer las ventas
ya realizadas.
En el Bienio Progresista quedaría abortada al año una desamortización
general y durante el final de la etapa de los gobiernos moderados de 1856-60
se reanudarían las ventas de acuerdo con la Iglesia.
A mediados de siglo la situación social es muy distinta. El proceso de
urbanización sitúa las agitaciones sociales en las ciudades en
lugar del campo apareciendo masas obreras urbanas consolidadas entre las que
se mueven organizaciones republicanas y socialistas.
La
Iglesia llega a un “modus vivendi” con el Estado liberal porque
su actitud es la adaptación. Serán las ofensivas de progresistas
primero y republicanos después los que pondrán a los católicos
y la jerarquía a la defensiva, provocando una reacción como la
de los neocatólicos o integristas en la década de los 60, previa
al sexenio (Nocedal, Aparisi, Tejada).
Los más radicales enemigos de estos han reconocido su voluntad pactista
con el liberalismo, pero será la llegada del sexenio la que los integrará
en las filas carlistas.
Las desamortizaciones más conocidas son las de Mendizábal
(Juan Álvarez Méndez), progresista gaditano, exiliado en 1823,
ministro de Hacienda en 1835 y 1842, y presidente del gobierno. Fue sustituido
poco después de su paso por Hacienda por Istúriz.
Su principal objetivo fue la transformación del régimen jurídico
de la propiedad, el déficit de Hacienda, estrechamente relacionado con
la guerra carlista, y el afianzamiento y credibilidad del régimen liberal.
La
Deuda aumentó porque la guerra no acabó en los seis meses que
preveía Mendizábal, y el Ejército no terminó de
estructurarse y cohesionarse políticamente (llamada a quintas del 24
de noviembre de 1835, intervencionismo militar) y no se forjó la masa
de campesinos adeptos al liberalismo, el verdadero problema de este.
Debido a este fracaso el carácter de la desamortización ha quedado
como enfrentamiento único entre Iglesia y Estado, que no fue cierto más
que a nivel político posterior (carlismo, neocatólicos, sexenio).
Con respecto a los compradores, los grandes y medianos corresponden a clases
medias profesionales, urbanas y rurales, comerciantes, funcionarios y terratenientes.
Los pequeños, especialmente en Castilla, fueron agricultores o arrendatarios,
que ascendieron así de clase social y que ingresaron en el circuito comercial
agrario.
El resultado final, sin ser tan definidamente
terrateniente, no tuvo el efecto deseado de aumentar de modo directo el número
de pequeños campesinos propietarios, ni de eliminar una Deuda financiera
que hubiera permitido afrontar préstamos extranjeros.
En el sexenio se da un choque frontal entre el gobierno provisional y la Iglesia
por el tema de la libertad de cultos, una medida puramente ideológica,
precedida por la disolución, expulsión o incautación de
bienes de la Compañía de Jesús del 12 de noviembre, y la
extinción de conventos del 19, claramente antirreligiosos, que se completaban
con la derogación del fuero eclesiástico del 6 de diciembre.
Como si el gobierno no tuviera suficientes enemigos, ese mismo año comienza
la insurrección cubana.
Esta actitud de los radicales liberales provocará la creación
de las Asociaciones de Católicos por el marqués de Viluma, relacionado
con el partido carlista (reorganizado en Londres por estos hechos), la incorporación
a este de los neocatólicos (primera forma del catolicismo político)
y la sublevación carlista del 72, a pesar de haber obtenido en 1871 sus
mejores resultados electorales (51 diputados y 28 senadores, su extensión
a 26 provincias y el aumento de su prensa), y en 1872, 38 escaños en
19 provincias, con mayoría absoluta en cinco capitales de provincia.
Sin embargo, este gobierno, monárquico y liberal, no logrará resolver
el que se perfila como problema básico: el afianzamiento del concepto
de propiedad frente al “hambre de tierra” campesino. Por su izquierda
serían rebasados por los republicanos y socialistas en la siguiente etapa
republicana de 1873.
La desamortización más importante fue la de Pascual Madoz, promulgada
el 1 de mayo de 1855, y que se aplicaría hasta principios del siguiente
siglo, especialmente por el volumen de bienes.
Nacido en Pamplona, fue un abogado ligado a los intereses industriales catalanes,
gobernador del valle de Arán, diputado por Lérida, gobernador
de Barcelona y de Madrid y ministro de Hacienda.
Esta
desamortización violaba el Concordato de 1851 y afectaba a bienes no
eclesiásticos también, y al resto del clero regular no tocados
anteriormente. El clero secular, sin embargo, se ve afectado. En total un tercio
del total de bienes, localizados especialmente en Valencia, Córdoba,
Sevilla, Burgos y Ávila.
No logró un aumento de la productividad y distrajo capitales de la industrialización.
Tampoco resolvió el problema campesino.
La Iglesia llega a finales de siglo con 33.403 sacerdotes seculares, 10.000
religiosos y 40.000 religiosas. Sus efectivos son menores que 50 años
antes, con una distribución irregular: carencia en Andalucía y
exceso en Galicia y Vasconia, pero en el último cuarto de siglo aumentó
el clero regular masculino en siete veces la cifra anterior, y el femenino en
tres.
Su inserción social se basa en las órdenes religiosas y su labor
educativa, no exenta de interés económico. Será esta área
de la educación la que se convertiría en campo de batalla con
otro organismo de izquierdas: la Institución Libre de Enseñanza,
krausista.
La identificación política y social que hace el liberalismo, especialmente
el más radical, de Iglesia y absolutismo, será heredado por el
republicanismo creciente que aplicará las medidas, inoperantes y puramente
económicas, de aquel, de modo más dogmático.
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El "catolicismo social" estaba representado
por la Acción Social Popular (1908), los
Círculos Obreros del padre Vicent (1890-1903),
las publicaciones de la Buena Prensa (1908), la
Acción Social Católica (1902), las
Cajas de Ahorro de la Inmaculada (1905) y el sindicalismo
agrario católico.
Políticamente se organiza el Partido Social Popular
y el diario “El Debate”.
Sectores mucho más reaccionarios, integristas, se acercarán a
los conservadores de Antonio Maura.
Pero la penetración en los ambientes obreros
era deficiente. Frente a las acusaciones
de tradicionalismo, la Iglesia había asimilado el liberalismo y aplicado
sus recetas sociales cuando ascendían el socialismo y el radicalismo.
El
heredero de los Círculos Obreros (más moderados que los consejos
del Papa León XIII en su encíclica “Rerum
novarum”) fue el Consejo Nacional
de Corporaciones Obreras Católicas, fundado en 1893, y dirigido
por el marqués de Comillas, que en 1900 tenía 76.142 afiliados,
pero eran organizaciones mixtas, y su labor social verdadera era nula, siendo
más bien proselitistas y benéficas.
Cometerían el mismo error paternalista que los obispos Lluch Garriga
o Urquinaona, y los obreros huían de esos grupos, calificados de rompehuelgas.
Al fracasar el sindicalismo católico patrocinado por la ASP, que en Alemania
generará el Partido de Centro y en Italia el Partido Popular, los dirigentes
populistas, carlistas, fundarán los Sindicatos
Libres, que serán el segundo sindicato español
más grande durante siete años y tendrán un papel esencial
en el desarrollo del sindicalismo, aunque hoy su papel se minusvalore
por su sangriento enfrentamiento con los sindicatos únicos de la CNT
anarquista, la cual en 1913 acaba con los sindicatos de la ASP al asesinar a
Camilo Piqué, pasado del suyo a las Uniones Profesionales
del padre Palau.
No existirá nada similar a la CIL italiana (1.200.000 miembros en 1912)
o la CFTC francesa (150.000 en 1919, casi la mitad de la CGT socialista).
Si bien los SL triunfaron en su lucha sindical,
su fanatismo ideológico y las manipulaciones políticas sobre ellos
los hicieron fracasar.
La hegemonía de ideologías de base mesiánica
y rural como el carlismo y el anarquismo estuvo íntimamente relacionada
con el sustrato rural de la emigración interior a finales del siglo XIX
y principios del XX, que la Iglesia fue incapaz de entender.
Además, la adscripción del clero
y jerarquía vasca y catalana al nacionalismo separatista contribuyó
a alejar a estos trabajadores de la Iglesia.
Los SL rechazaron el “comillismo” y la alianza de la ASP y los separatistas
de la Liga Catalana, e incluso el corporativismo del ideólogo oficial
del carlismo, Vázquez de Mella, basándose en el modelo católico
belga del padre Rutten y las ideas de los padres dominicos P. Gerard y J. Gafo,
sus fundadores, postulantes de la autonomía sindical.
Cinco años después de su fundación en 1919, crearon la
CNSLE (Confederación Nacional de Sindicatos
Libres de España), y en su apogeo en 1929 llegó a tener 200.000
miembros.
Ningún
sindicato posterior de obediencia católica logró el éxito
de los SL, ni el FOC catalán (influido por
la Liga Catalana), ni la UTC (de la UDC catalanista),
ni la nacional CESO, creada en 1934 y vinculada
a la CEDA. Cuando se refundaron los SL en 1933 fueron copados por Renovación
Española, los monárquicos alfonsinos, enfrentados tanto a la CEDA
como a la Falange.
Por entonces sólo un 0,5 % de los trabajadores estaban afiliados a un
sindicato católico. La CNOC daba la cifra de 36.000 frente a los dos
millones de la UGT-CNT.
La tendencia más radical creó la Agrupación
de Juventudes Antimarxistas (AJA) con la
colaboración de la UME (Unión Militar Española). En Vasconia
y sobre todo Navarra, el otro reducto católico, el equivalente al SL,
la Confederación Regional del Norte, se
integraría en la CESO, siendo obstaculizado por el también católico
STV, Solidaridad de Trabajadores Vascos, afecto
al PNV nacionalista.
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Anticlericalismo: la Semana Trágica
Republicanos y radicales se mostrarán como los enemigos ideológicos
voluntarios de la Iglesia, haciendo gala de un anticlericalismo específico.
En el VI Congreso del PSOE celebrado en Gijón en septiembre de 1902 proclama
Pablo Iglesias, su fundador:
“Queremos la muerte de la Iglesia cooperadora
de la explotación de la burguesía; para ello educamos a los hombres
y así les quitamos las conciencias. Pretendemos confiscarles los bienes
para que carezca de medios de vida. No combatimos a los frailes para ensalzar
a los curas. Nada de medias tintas. Queremos que desaparezcan los unos y los
otros”.
Esta actitud sería la causa principal de
la Semana Trágica de Barcelona y de las matanzas republicanas de 1936.
Fue el 26 de julio de 1909 cuando se proclamó una huelga en Barcelona
contra la guerra de Marruecos, en realidad contra el gobierno. Pero la alianza
republicana-socialista-anarquista “Solidaridad Obrera”
no secundó la huelga oficialmente.
El Comité de Huelga lo formaban el socialista A. Fabra, el sindicalista
y discípulo de Ferrer Guardia, J. Sánchez (alias Miguel Villalobos)
y el anarquista F. Miranda, de insólito parecido con el ejecutado Ferrer
(este por lo demás jugador de Bolsa, galanteador, masón y agitador
político inspirador de Mateo Morral, empleado de su editorial y autor
del atentado del Liceo en 1906).
Los dos días siguientes arden coordinadamente edificios religiosos, objetivos
de radicales y anarquistas, organizados en grupos de 8-10 individuos. El 31
las tropas acaban con la insurrección, con 990 encarcelados y otros tantos
liberados, exiliados, saqueos, 112 edificios incendiados (80 religiosos, la
mitad escuelas), tres soldados y 75 paisanos muertos y más de 500 heridos.
Es
de destacar que un 60 % de los detenidos eran catalanes, y sólo un 5
% de castellanos y un 2 % de andaluces. Y a falta de estudios fiables, podemos
citar datos del carlista J.M. Roma, según los cuales en 1909 existían
en ciudades como Barcelona, un 10-15 % de católicos practicantes frente
a un número igual de anticlericales activos.
Si el republicanismo lerrouxista medra sobre todo en la inmigración y
ni socialistas ni anarquistas fueron partícipes plenos en las jornadas,
¿quién fue el protagonista?.
El catalanismo estuvo indeciso como el lerrouxismo. Fue fundamental la existencia
de un anticlericalismo liberal capitaneado por Canalejas, abanderado de un intervencionismo
fiscal en las órdenes religiosas, heredero de un cierto regalismo español.
Por oposición, el gobierno Maura-Silvela aparecía como “católico”
y proclive a los intereses industriales catalanes y vascos. El
anticlericalismo apareció como válvula de escape de los problemas
sociales de los industriales, y eso era aprovechado incluso
por monárquicos como Campos o reformistas como Melquíades Álvarez,
o sectores del Ejército que los acusaban, justamente, de apoyar al independentismo
en los territorios ultramarinos.
La elevada participación de mujeres en la industria, muchas de ellas
lumpenizadas, y la participación de la Iglesia en oficinas de empleo
y manufacturas, contribuyó al desencadenamiento de la violencia.
A ello se añade la política de represión del vicio, del
gobierno Maura, que hizo participar en las jornadas a numerosas prostitutas,
conocidas por estar fichadas como alborotadoras y delincuentes (“la
bilbaína”, “la 40 céntimos”,
“la larga”, “la
valenciana”).
También quedó probada la participación en las luchas de
organizaciones autónomas de mujeres afiliadas al Partido Radical: las
“Damas Radicales” y las “Damas
Rojas”, que se crecieron al comprobar la renuencia de las tropas
de disparar contra ellas.
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En 1931 se proclama la II República, en medio de la defección
de los monárquicos. Por entonces había 20.000 religiosos, 60.000
monjas y 35.000 sacerdotes, en 5.000 comunidades, el 20 % masculinas. Se suele
citar que dos tercios de los españoles eran católicos no-practicantes
(es decir, católicos de boda, bautizo y funeral), lo cual era una cifra
respetable como para ser ignorada, especialmente a efectos culturales, e históricos.
Los
sectores antirrepublicanos se organizan inmediatamente. “Acción
Española” fue una revista generada por el círculo
cultural del mismo nombre. Eran los sectores que habían apoyado la dictadura
del general Miguel Primo de Rivera, herederos por lo tanto del partido creado
para apoyarlo, la “Unión Patriótica”,
de ideología indefinida, como su sucesora, la Unión
Monárquica Nacional, prefascista.
El principal ideólogo de AE será Ramiro de Maeztu, teórico
de la monarquía militar y del rearme ideológico ante la nueva
situación. Otro ideólogo sería José María
Pemán, que ofrecerá como ideología la religión.
El partido que surgirá de ella será “Renovación
Española”, los monárquicos autoritarios, y esta será
su ideología, acercándose a carlistas como Víctor Pradera
y a integristas como Vegas Latapié, y rechazando el fascismo.
Su principal estrategia, consecuentemente, será el golpe militar. No
obstante, un sector mayoritario se opondrá a Franco y a favor de la restauración
monárquica, después de 1939.
Los posibilistas de la CEDA (Confederación
Española de las Derechas Autónomas), creada en febrero de 1933
partiendo del núcleo de Acción Popular, indiferentes a la forma
de gobierno, y su órgano “El Debate”,
condenarán su maurrasianismo, condenado a su vez por la Iglesia en 1929.
Esta actitud se reflejaba incluso en el antagonismo con el principal diario
monárquico, el “ABC”.
El
partido propiamente católico fue “Acción
Popular”-CEDA, antes llamada “Acción
Nacional”, creada el 29 de abril a instancias de Ángel Herrera
en una reunión de la “Asociación Católica
Nacional de Propagandistas”. Su meta será combatir contra
la revolución desatada por la alianza de los republicanos con la izquierda
y a favor de la religión, la propiedad y el orden dentro de la ley.
Su actitud democrática y moderada fue demostrada por sus pocas exigencias
ministeriales cuando ganaron las elecciones (el llamado exageradamente “bienio
negro” por las izquierdas republicanas).
Los católicos se habían organizado
ante la ola de anticlericalismo visceral avivado por la izquierda, ya definitivamente
escorada hacia la revolución por la alianza del sector radical de los
republicanos, la izquierda socialista y el PCE.
Además, el miedo a la revolución,
ejemplificado en la oleada de huelgas italianas, el régimen de Bela Kun
en Hungría y la insurrección espartaquista alemana, regía
la política de los años 1920-40. Los fascismos surgirían
precisamente como respuesta.
“Liberales, socialistas, reformistas, masones,
intelectuales, republicanos, librepensadores, etcétera, no tenían
en común más que su anticlericalismo, un anticlericalismo, las
más de las veces burdo, ignorante, casi instintivo, incapaz de superar
casi siempre aquello que atacaba y pretendía destruir. El anticlericalismo
había, incluso, corroído con frecuencia personas, partidos, publicaciones,
etcétera, que iban a quedarse en cueros el día que la Iglesia
dejase de ser un enemigo público con poder”. (“Iglesia
y República: diálogo imposible”. V.M. Arbeloa.
1981)
Es
cierto que había excepciones a la voluntad de la Iglesia de sobrevivir
a cualquier régimen
(como ocurrió con la Iglesia del Este durante la era comunista), como
el cardenal Segura, arzobispo de Toledo, huraño y tradicional
pero agradecido al rey, que publicó una pastoral monárquica a
primeros de mayo. Tuvo que ir a Roma invitado por la Nunciatura.
Regresó silenciosamente y el ministro de Gobernación, el católico
Miguel Maura, lo puso en la frontera. Caso similar al del obispo de Vitoria,
Múgica, expulsado un mes antes.
Desde Francia envió instrucciones a los obispos sobre como poner a salvo
los bienes eclesiásticos, lo que llegó a conocimiento de la policía.
El Gobierno, la Nunciatura y el Vaticano lograron hacerle dimitir de su cargo
a primeros de octubre, lo que él no perdonó.
Para completar, los días 11 y 12 de mayo hubo una quema de conventos
e iglesias, particularmente violento en Madrid, Valencia y varias capitales
andaluzas, con daños cuantiosos. Y las publicaciones católicas
comenzaron a sufrir cierres y multas continuas.
El anteproyecto constitucional en materia religiosa
(artículo 26) se transformó en un texto radical anticlerical por
la intransigencia socialista, la indiferencia de Azaña y el sectarismo
del resto. Los debates llegaron a ser violentos a pesar del carácter
contradictorio de algunas figuras de ambos bandos.
Azaña salvó las órdenes religiosas, controladas, al precio
de disolver la Compañía de Jesús. Su frase “España
ha dejado de ser católica”, como sus referencias sobre
“triturar” al estamento militar,
causaron profundo resquemor en estos sectores.
Los líderes republicanos estaban condicionados tanto por su alianza con
la izquierda como por su carácter intelectual y progresivamente radical
ante los acontecimientos.
Por otra parte, la consigna de una “República
republicana” ya auguraba la voluntad de marginar a amplios
sectores de la población, que desembocaría en agresiones a los
fieles en sus actos.
La Constitución promulgada el 9 de diciembre de 1931, proclama que el
Estado no tiene religión oficial, con todas las consecuencias jurídicas
y políticas que pueden verse en otros muchos artículos, anuncia
la total extinción del presupuesto del clero en el término de
dos años, exige la autorización gubernamental para las manifestaciones
públicas de culto, somete los cementerios a la jurisdicción civil,
declara el matrimonio soluble por mutuo disenso o a petición de cualquiera
de los cónyuges alegando justa causa, y establece la enseñanza
laica, reconociendo a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del
Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
Las masas católicas quedaron conmocionadas,
y el tema religioso, totalmente marginal en el contexto político, demostró
ser central a través de la agitación.
Provocó la primera crisis gubernamental al dimitir el presidente Alcalá
Zamora y el ministro Maura. No obstante, la Iglesia no rebasó los límites
de la indignación, ni siquiera con la ley especial del 2 de junio de
1933 que agravó notablemente las disposiciones de control de las órdenes
religiosas, lo que generó una encíclica del Papa Pío XI,
“Dilectissima nobis Hispania”.
El
bienio de la CEDA frenó estas disposiciones, pero el nuevo triunfo del
Frente Popular trajo 17 sacerdotes asesinados y 411 templos saqueados o incendiados.
Al frente de la Iglesia española se encontraba entonces el intransigente
cardenal Isidro Gomá, firmante de la “Carta
Pastoral” del 1 de julio de 1937 pro-bando franquista. Carta
que no firmaron Vidal Barraquer y Múgica por las ambigüedades del
nacionalismo vasco y catalán.
No es necesario explayarnos en la ola de violencia, crueldad y asesinatos que
supuso para la Iglesia la Guerra Civil. Basta decir que fueron asesinados unos
55.000 seglares y casi 7.000 sacerdotes. Los incidentes
fueron más numerosos en las zonas catalana, aragonesa y andaluza. Curiosamente,
lugares emblemáticos para el nacionalismo catalán como la abadía
de Montserrat o la catedral de Vic no resultaron dañados.
No es extraño que el franquismo viese en el miedo y la ira católicos
un buen medio de reclutamiento y sustituto ideológico, ausente de toda
alusión religiosa como había estado su “Manifiesto
de las Palmas”.
De este modo el panteísmo religioso del fascismo de la Falange se tiñó
de catolicismo y Franco restableció las relaciones con el Vaticano evitando
las fricciones como las que había habido con los regímenes alemán
e italiano. Esta alianza de conveniencia, provocada por la actitud asesina de
la izquierda y los exaltados, fue la común en la época del auge
de los fascismos.
Así, en el artículo 6 de la Carta de los
Españoles del 13 de julio de 1945 se dispone: “La
profesión y la práctica de la religión católica,
que es la del Estado español, gozará de la protección oficial.
Nadie será molestado por sus creencias religiosas, ni en el ejercicio
de su culto. No se autorizarán otras ceremonias ni manifestaciones externas
que las de la religión católica”, y se firma
el Concordato en 1953.
A partir de 1957 serán los tecnócratas del “Opus
Dei” los que lleguen al poder, como antecedente del giro que supondrá
el Concilio Vaticano II de 1962-65. También
a finales de los 50 y principios de los 60 se reestructuran los opositores políticos:
PSOE y PCE. Pero, mientras tanto, otro sector se estaba agitando en la Iglesia:
los nacionalismos que hoy nos oprimen y explotan.
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Las iglesias nacionalistas y ETA
La carta del 13 de mayo de 1960 de 331 sacerdotes vascos, las declaraciones
del abad de Montserrat del 14 de noviembre de 1963, la marcha de 130 sacerdotes
de Barcelona el 11 de mayo de 1966...
Franco dirige una extensa carta al Papa Pablo VI el 29 de diciembre de 1972
en la que le expone su preocupación por las actitudes claramente políticas
de parte del clero, solicitándole interviniera y se conservaran las relaciones
Iglesia-Estado.
No hacía sino reflejar la infiltración de las ideologías
nacionalistas e izquierdistas en el seno de la Iglesia, ya en los años
50. La Iglesia vasca y catalana continuó
apoyando el nacionalismo como había hecho antes y durante la República
y la Guerra Civil. De ahí la represión contra
ellos en 1939.
El propio régimen preparaba esta situación
con la política de incentivación de los “tradicionalismos
locales” para contrarrestar la “agitación marxista”,
sin ver la alianza entre estos y la bomba de relojería de los nacionalismos.
El nacimiento de ETA forma parte de este resurgimiento
del “nacionalismo clerical” aún inconcluso hoy.
Si
el convento benedictino de Lazkao, y después el seminario de Derio, ya
fue un importante centro de reunión de grupos católicos nacionalistas,
será en octubre de 1958 cuando nacerá ETA en la Casa de Ejercicios
Espirituales de Guetaria y posteriormente en la casa cural de Gaztelu, a finales
de 1959, donde se celebrará también la V Asamblea ocho años
después.
Para entonces más de dos tercios de sus
miembros pertenecían a la Acción Católica. Esta organización
se había ido independizando de la jerarquía, contando con el apoyo
de los jesuitas, desde 1956, con los comienzos del cooperativismos (Ulgar) y
cinco años después formó la base de expansión nacionalista.
A inicios de la década de los 60, la Acción
Católica vasca (HOAC y JARC) y las órdenes religiosas, destacadamente
jesuitas y benedictinos, apoyan a ETA por la inoperancia del PNV.
No fueron los únicos. Los GAC (Grupos de
Acción Carlistas), colaboradores de ETA, se crearon en el Colegio Mayor
Belagua en 1968, por parte de estudiantes del Opus Dei.
No
es un hecho causal, como no lo es que en el periodo 1951-61 triunfó la
táctica del PCE de infiltrarse en las organizaciones de la Iglesia, lo
que incentivaría notablemente que, al llegar el proceso de Burgos, la
simbiosis nacionalismo-izquierda sea completa. Hasta hoy mismo, con el apéndice
mutante de la izquierda nacionalista vasca.
Ya en la década de los años 50, se calcula que tres cuartas partes
del clero vasco es hablante de esta lengua, y está muy influenciado por
personajes como el padre Estella, ya presente en el germen etarra del grupo
Ekin.
Se
ampararán en la red de escuelas, seminarios, residencias y escuelas clandestinas
vasquistas que crearon, semillero de odio y proselitismo, que a la muerte de
Franco permitirán una explosión nacionalista por encima de los
partidos y sólo aparentemente espontánea.
En el año 1968 los curas nacionalistas se sienten lo suficientemente
fuertes como para enfrentarse al anciano y austero obispo Gurpide, encerrándose
330 de ellos en el Arzobispado de Bilbao, en pleno estado de excepción.
Es el grupo Gogor.
Las jerarquías también colaborarán: las homilías
de enero de 1974 del vicario Ubieta, la actitud del obispo de Bilbao, monseñor
Añoveros, que provocó su arresto domiciliario, el anteriormente
obispo, monseñor Cirarda, precursor en maniobrismo del nefasto Setién,
antiguo agitador de la izquierda nacionalista junto al antiguo obispo auxiliar
de Bilbao y obispo de Zamora, monseñor Uriarte.
Estas
jerarquías encontrarán un aliado en la jerarquía española
en la persona de monseñor Tarancón, un prelado que vio el cambio
que se avecinaba y, como tantos otros, cambió de bando para labrarse
un pasado “progresista”.
Al llegar la democracia, según el sociólogo americano Robert Clark,
la participación de clero y militantes católicos en ETA es de
3 de cada 4. La minoría restante será la que provocará
las escisiones “obreristas”.
Esta dinámica eclesial vasca con ETA y el nacionalismo es detectada por
el brazo derecho de Franco, el almirante Carrero Blanco, a través de
su SECED y del su círculo del Opus Dei.
El enfrentamiento entre estos dos sectores se saldará con la muerte del
almirante en el atentado de la calle Claudio Coello, detrás de la iglesia
de los jesuitas de Serrano.
La legitimidad que tiene el nacionalismo vasco
y catalán le viene por el apoyo de sus Iglesias. Esa
es la clave de su éxito inicial, de su pervivencia y resurgimiento tan
sólo diez años después de acabada la Guerra Civil, que
ellos provocaron en gran manera.
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Entre la Liberación y el Carisma
Los
años 60 y 70 van a ser de profundos cambios en la Iglesia.
El alineamiento de sectores volcados en el ámbito social, especialmente
en el Tercer Mundo, con la izquierda, incluso en sus versiones violentas, va
ha generar una “teología de la liberación” que beneficiará,
a medio plazo, mucho más a la izquierda que a la Iglesia.
Cuando pase esa etapa, la Iglesia lo pagará al caer los fieles de zonas
como Hispanoamérica, en las redes bien financiadas y conservadoras de
los evangelistas protestantes norteamericanos.
El movimiento de la TL hablará de una “liberación
de toda forma de alienación religiosa, a menudo alimentada por la propia
institución eclesiástica, que impide al creyente acercarse de
manera auténtica a la palabra del Señor”. Acusará
al Concilio Vaticano II de “no poner en tela
de juicio el sistema injusto que sostiene la vida social”.
Pero los intentos de modernización van a provocar una reacción
a la contra que dibujará una fractura en el seno de ella.
A la Teología de la Liberación le
sucederá el movimiento de recristianización, los carismáticos.
Si los esfuerzos consensuados del Concilio Vaticano
II son contestados desde la Teología de la Liberación con lenguaje
marxista, la contestación carismática no utiliza el de la extrema-derecha,
no es un integrismo a la islámica.
Desde 1975 el proceso de “modernización”
católica cambia de objetivo, teniendo como fin revertir la laicización
de la sociedad, acusando a los presupuestos de la modernidad (incluido el comunismo)
de haber fracasado.
Es una reevangelización que reacciona a la crisis social de la “postmodernidad”
y que la define como crisis de valores, de anomia social y de ausencia de lo
sagrado. En definitiva, una interpretación religiosa de la deshumanización
de la sociedad de consumo y de la represión marxista.
Será con el pontificado de Juan Pablo II que se afirmará esta
identidad católica y su voluntad militante de ruptura con el entorno
laico.
Quizás sea el cardenal Lustiger el que mejor
representa esta actitud. Considera que el origen de este mal está en
“la Ilustración, que ha engendrado el
totalitarismo, es decir, una divinización de la razón humana impermeable
a cualquier crítica”.
Evidentemente
esta crítica al Estado laico no supone su sustitución por otro
religioso. El catolicismo acepta la autonomía estatal,
aún exigiéndole subordinación a las verdades evangélicas.
Afirman los carismáticos: “La idea moderna
de libertad es un producto legítimo del espacio social cristiano”.
Esa es la diferencia con los fundamentalismos
islámico, hebreo e incluso protestante. La Ilustración, forjada
en pugna con el cristianismo es, no obstante, un producto posible de ella.
No desea un Estado total ni un Estado cristiano. Esta cultura democrática,
si bien tiene un efecto evidentemente beneficioso, por otra parte supone no
poder conquistar la hegemonía de la sociedad, de por sí fragmentada
por el laicismo democrático.
Por
ello, en Polonia, tras la caída del comunismo, la gran división
entre la mayoría católica fue la conveniencia de un partido específicamente
católico.
En España, con la hegemonía de una
izquierda que utiliza el viejo anticlericalismo rampante como forma de ocultar
su anomia ideológica, estos movimientos aparecen como ultra-conservadores,
aunque no todos ellos posean esas características ni en la misma medida,
siendo sus principios familia y propiedad, rearme moral y anticomunismo.
Esto las coloca en el punto de mira del laicismo
de izquierda, otorgándoles un papel político que no tienen ni
desean por el momento.
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¿Cuál debe ser entonces el papel de la Iglesia en la actualidad?.
¿Un referente moral, cuando ya lo fue y no logró adaptarlo a las
situaciones y el paso del tiempo?.
¿Una acción social, que desembocó en una absorción
por las ideologías?.
¿Una reacción conservadora, que corra el peligro de acabar en
el aislamiento y ataque políticos por parte de las élites intelectuales
laicas dominantes?.
Si la religión ha de tener un papel en
la sociedad sólo puede serlo como referente de esta.
En España sabemos bien lo que es esta postura.
El catolicismo acompañó al Imperio primero y a la nación
después, pero en contra de lo que ha difundido la Leyenda Negra, antigua
y moderna, la Iglesia no ocupó el Estado ni fue una alianza.
El regalismo, la doctrina tradicional española
sobre religión, implica una relación con esta en la que predomina
el Estado. Respeta las áreas de cada uno pero no las aísla, y
distingue sobre todo entre institución y doctrina en esta relación
que mantiene.
Tampoco niega el hecho religioso ni su proyección social, la cual reconoce.
Es la única actitud que permite un catolicismo
que desea recuperar su espacio social reconocido sin dominar la sociedad al
modo integrista.
Pero ello requiere de un Estado estructurado. La España actual no lo
es. Y la grosera manipulación que hacen
los nacionalismos es cancerígena para sus Iglesias y viceversa, sólo
augura ruptura y enfrentamiento.
La Iglesia española debe imbricarse en
el proyecto español, desde posiciones siempre apolíticas, si quiere
ser aceptada. Si la Iglesia es comunidad, debe formarla, rehacer la sociedad,
crear pueblo, y ello es, en definitiva, hacer nación.
Debe, sobre todo, hablar con una sola voz. Espectáculos como la campaña
contra la eutanasia, de noviembre de 2004, boicoteada por la Iglesia vasca e
ignorada por la catalana, son contraproducentes. Su actitud ha sido una negación
del ámbito nacional donde se mueve la Iglesia española y su devenir.
En el Congreso de Apostolado Seglar, previo a la campaña, y no realizado
desde hacía 20 años, se reconoció “la
debilidad apostólica... la mediocridad espiritual... y su profunda división
en grupos y tendencias”, “Por
la izquierda se vive un alejamiento práctico de la jerarquía.
Y por la derecha, están más preocupados por cultivar su carisma
específico que en la tarea común de la Iglesia”.
La consecuencia, continúan, es “una época
de enfriamiento religioso apostólico y de debilidad profética
de la Iglesia... Nos acosan por todas partes, pero no pueden con nosotros. Nos
vemos perseguidos, pero nunca aniquilados”.
Se denunció también “las mayorías
fabricadas por quienes controlan y manejan los medios de comunicación...
que pueden convertir al cristiano en un marginado social, cultural y hasta profesional...
Porque en la sociedad española actual reina una mentalidad revanchista
y antieclesial, que provoca una descristianización con una amplitud y
una virulencia que en estos momentos no tiene ya en otros países europeos”.
Esta autocrítica no fue del gusto de toda la jerarquía, de la
vieja guardia taranconiana a punto de jubilarse.
Como alternativa se propuso la presencia social a través de asociaciones.
Gesto inútil. Sin enraizamiento real en la población no logrará
resultados. Si, por ejemplo, la campaña antieutanasia no llega a los
fieles en la lengua común a todos los españoles, y si no puede
llegar porque las iglesias están ocupadas por separatistas o colaboracionistas,
predicará en el vacío, o servirá para reforzar posiciones
ajenas e incluso hostiles a la Iglesia española.
Según la encuesta del CIS de 2002, el 20 % de la población es
católica practicante, el 42 % creyente, el 80 % se considera católica
y el 75 % poco o nada religiosa. Unos 9 millones asisten cada fin de semana
a misa.
Por otra parte, el mensaje que puede anunciar la Iglesia es perfectamente comprensible
y compartido por la sociedad: que si bien ha habido progreso en aspectos materiales
y en ciertas libertades y medios de vida, la sociedad como tal se ha empobrecido
y endurecido notablemente, en calidad humana y vivencial.
Sin ser mejores otras épocas, sí es cierto que el hombre que habitó
en ellas lo hizo de un modo más entero aunque mucho más duro.
Quizás sea cierto el dicho de ese filósofo trasgresor y anticristiano,
Federico Nietzsche: “Desde que el hombre mató
a Dios, no hace otra cosa más que buscarlo”.
Lo que se ha roto es el equilibrio entre lo sagrado y lo profano, entre el orden
y la libertad, y ahora son mancilladas ambas.
No hay Iglesia española, ni futuro, ni
pasado, sin nación española. Sin más.
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