de El Revolucionario

Libertad de secesión

Grupo Promacos

Abril de 2010

Francisco López.

Cree que hasta las ideas más repugnantes y antiespañolas merecen respeto

Eso es lo que piden los proetarras y la ETA para el País Vasco.

A costa de corromper la soberanía española.

 

En declaraciones realizadas a través de su blog en Internet, el «lehendakari» del gobierno vasco, Francisco Javier López, alias «Pachi», ha señalado que la clausura cautelar en 2003 del diario pro-etarra Egunkaria, ahora considerada «inconstitucional» por un auto del magistrado de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez constituyó nada menos que un «atropello al Estado de Derecho» al haber quedado por entonces, «instrumentalizada la justicia al servicio de una estrategia política muy determinada».

 

Con estas palabras, se estaría refiriendo sin duda don Pachi López a la estrategia anti-terrorista puesta a punto por el Presidente José María Aznar en el sentido de la persecución implacable —«con los recursos del Estado de Derecho» se decía muy confusamente desde el gobierno de España— del terrorismo secesionista de la facción separatista vasca ETA. Esta «estrategia política», sin duda que «muy determinada», pudo ser, como es bien sabido, reemplazada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, por otra estrategia de signo contrario consistente en un «proceso de paz» en el que no sólo la «justicia», sino también la propia policía nacional («caso faisán»), por no hablar de las instituciones penitenciarias (excarcela miento de Ignacio de Juana), &c, &c, habrían sido puestas inequívoca y trapaceramente al servicio de las «conversaciones discretas» entre el gobierno de España y los representantes de la banda terrorista.

De hecho, precisamente a resultas de dicho mal-llamado «proceso de Paz» —denominación tanto más inadecuada cuando se la contempla desde una ontología actualista de raíz materialista que sostiene que sólo lo que se verifica es posible—, el ministerio fiscal con Cándido Gómez Pumpido a su cabeza, pudo, como se ha repetido estos días, retirar terminantemente sus acusaciones contra el diario batasuno en 2006 en la sabiduría de que «el vuelo de las togas de los fiscales en modo alguno habrá de eludir el polvo del camino». Retirada de cargos, esta, que tal y como es fácil comprender ha resultado sencillamente crucial en la setencia absolutoria emitida la pasada semana por la Audiencia Nacional.

Y es que muy difícilmente en efecto podrá comprenderse inteligiblemente qué pueda significar diagnosticar como un ataque al «Estado de Derecho» la clausura preventiva por parte de Juan del Olmo de una institución empresarial que, a tenor de los indicios recogidos por la Guardia Civil, se habría dedicado a desviar fondos a la banda terrorista ETA así como a colaborar, de mil maneras distintas, con dicha organización asesina anti-española. Sencillamente, tal decisión judicial habrá dimanado de las propias estructuras jurídicas que toda sociedad política necesariamente presupone cuando abandona el nivel del salvajismo (y en este sentido, desde luego, todo Estado es precisamente por serlo, un «Estado de derecho»), y ello, por mucho que desde una consideración abstracta e hipostática (formalista) de la «libertad de prensa», núcleo de cualquier sistema político democrático, pueda considerarse como indeseable cualquier acción tendente al cierre de un periódico, &c

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En este sentido, desde el Grupo Promacos damos por evidente que Pachi López estaría ejercitando un concepto formalista y abstracto de la «libertad de prensa». Y es justamente desde las alturas de semejante concepto, que la condena inmediata al cierre de Egunkaria, o de cualquier otro medio de comunicación sea «nacional» sea «extravagante», es decir secesionista (como pueda serlo el que nos ocupa, o su antecesor Egin, también clausurado por orden judicial durante el gobierno del Partido Popular) aparece como algo realmente claro y distinto «en democracia».

Pero insistimos: esta apelación a la «libertad de prensa», tan propia de la premisas del fundamentalismo democrático compartidas por los políticos socialdemócratas y por las élites de periodistas de la democracia coronada, no podrá plantearse en modo alguno en términos absolutos. Y ello precisamente por la siguiente circunstancia: la libertad de prensa, como cualquier otra «libertad» fundamental incluida en la Constitución Española de 1978 (esto es; de la constitución del papel), sólo podrá sostenerse realmente sobre la viabilidad de la sistasis(es decir de la Constitución material) de un cuerpo político como Nación soberana, con lo que, retirada dicha soberanía, o corrompido por escisión secesionista de sus partes formales tal cuerpo político, la propia «libertad de prensa» así como las leyes sobre la que esta misma se sostiene sólo podría seguir existiendo sobre el papel. Puesto que entonces será la propia democracia española la que habría degenerado hasta corromperse por el desmembramiento de sus propias partes.

 

 

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